Alejandra Bottinelli,

Universidad de Chile

Resumen

La investigación presente profundiza en los elementos que asentaron la base material y simbólica de las nuevas naciones lationamericanas a partir de la revisión de sus élites. Al focalizar el proyecto nacional en su construcción y las influencias que sustentaron la actuación de las intelligenzias nacionales de Chile y Argentina,  el artículo tiene como meta pesquisar con claridad el modo de cómo se articula una relación particular entre las producciones discursivas de los letrados y las demandas de la constitución de las bases materiales de los nuevos estados. 

 

No había pueblo, como no lo hay todavía.
Pero aquella [generación] lo suplía todo.
Benjamín Vicuña Mackenna [1]

El siglo XIX es para Latinoamérica el momento fundacional, tanto de la base material (económica, social, institucional-política) como simbólica e imaginaria de lo que serán los futuros Estados y naciones postcoloniales. En el largo trance que va desde las declaraciones de independencia nacional hasta la constitución de unas economías ya estructuralmente dependientes de los flujos y las relaciones económicas mundiales, es posible pesquisar con especial claridad el modo cómo en nuestros países se va articulando una particular relación entre las producciones simbólicas y discursivas de los grupos letrados y los imperativos de la constitución de las bases materiales de los nuevos Estados, relación que está signada por el vínculo orgánico que se acrisola entre los productores culturales, el poder político y la oligarquía latifundista y mercantil de las nuevas naciones.

Asimismo, al avanzar el siglo, se evidencia una progresiva unificación proyectual del grupo dirigente de la sociedad, susceptible de ser conceptualizada entonces como una “élite” que, aunque sector social minoritario, concentra en sus manos los diversos poderes sociales. En directa relación con el crecimiento del comercio internacional de materias primas (y en vínculo, por tanto, con los intereses de las élites de los centros económicos que controlaban dicho comercio), desde mediados del siglo se produce un fortalecimiento de estas élites locales latinoamericanas. Junto con Carmagnani, comprendemos, así, el período que en Latinoamérica va de 1850 a 1880, como “la fase inicial de la hegemonía oligárquica”.

Empero, es necesario precisar que esta relación orgánica entre poder político y simbólico-cultural que, asumimos, sobre-determina la producción de los grupos letrados latinoamericanos del período, no es, sin embargo, ni mecánica, ni lineal; los mejores de los textos de estos escritores gozan, por el contrario, de la cualidad de la apertura a diversas -y a veces contradictorias- significaciones, pues tienen radicalmente el sello del “ensayo de pensamiento”, de aquello que está en proceso de reflexión.

El “largo siglo XIX” y la constitución del orden neocolonial

Las postrimerías del siglo XVIII marcan para Europa central y su esfera de influencia el inicio del “largo siglo XIX”, ese que se inaugura con las revoluciones (norteamericana, francesa y luego las múltiples hispanoamericanas) que propugnaron la construcción de regímenes republicanos y de Estados cuya soberanía residía en la comunidad nacional, inspirados en la fuerza de la razón y orientados por la defensa de las libertades y derechos humanos universales. Es ése, el mismo siglo que termina recién en 1914 cuando a los contemporáneos les explota en la cara la constatación de la al parecer irremisible “decadencia de Occidente”, produciéndose el derrumbe de la ilusión de que el progreso (al menos este progreso) traería la felicidad universal. Como un globo de pútrido gas que no aguantaba más el insuflo de frustración, de heridas, de desconcierto agrandado al paso que se constataba la tremenda distancia entre las esperanzas que iniciaron el siglo y los muchos desengaños que lo coronaron, explota en la cara de ese siglo la falacia de la igualdad y de la libertad, en la detracción extrema del principio revolucionario de la fraternidad: la guerra.

Pero antes del epílogo, está el largo siglo. En palabras de Eric Hobsbawm, entre 1789 y 1848 se debe hablar -para el centro europeo- de una doble revolución: “la transformación industrial iniciada en Gran Bretaña y muy restringida a esta nación, y la transformación política asociada y muy limitada a Francia” (Hobsbawm, 14), ambas encargadas de inaugurar una nueva sociedad, sobre la cual, sin embargo, sus contemporáneos albergaron más dudas que nosotros, sin saber “si iba a ser la sociedad del capitalismo liberal la triunfante, o lo que un historiador francés ha denominado ‘la burguesía conquistadora.” (Ídem)

La temida intrusión del “tercer estado” en la escena política europea, efectivamente consumada el año de 1848, vino a confirmar lo último casi más que por la sorpresivamente generalizada irrupción de estas masas, por su asombrosamente rápida salida de escena y por la subsecuente reinstalación de sus detractores en mejoradas posiciones de poder (político y económico). Las élites europeas y también las latinoamericanas, sospechaban ya que el resguardo de sus prerrogativas pasaba en gran medida por mantener a raya a esas masas “siempre dispuestas a convertir en sociales las moderadas revoluciones liberales” (Hobsbawm, 14). La inmejorable escuela del ’48 les enseñó que el peligro era real y que la unidad política de la “clase” era condición de la desactivación de aquél. Y, más importante tal vez, les enseñó que las insurrecciones del pueblo si no podían ser contenidas, debían ser aprovechadas. Ello fue lo que ocurrió el ’48, y la coyuntura es universalmente importante tanto por la emergencia de esas masas a la escena política (hasta ahora invisibles sino como medios de producción de riqueza), como por ser una tentativa derrotada, a la cual el capitalismo expropia toda su energía, reconduciéndola a la apertura de un nuevo ciclo de acumulación, a una reactivación de su propia hegemonía. Nuevamente, como dice Hobsbawm, el ’48 “retrocede la revolución política y avanza la revolución industrial” (Ídem).

Uno de los legados fundamentales de las revoluciones de 1848 en América Latina es justamente la entrada en escena, con la fuerza de un principio de estructuración de la práctica social, de esta idea del “orden”; que pasa ahora de considerarse un “medio” para lograr el fin anhelado del progreso, a expropiar a éste el carácter de telos al que debe dirigirse la sociedad. Desde ahora se requerirá orden para conseguir… orden.

La hegemonía oligárquica

El aumento del comercio internacional producido desde la segunda mitad del siglo XIX no significó para Sudamérica una democratización de la distribución de los ingresos de este comercio. Aquí, en los hechos, lejos de los discursos que propiciaban la diversificación y división de las grandes propiedades territoriales para ser puestas en manos de laboriosos inmigrantes noreuropeos, la propiedad de la tierra se reconcentró en cada vez menos manos durante el siglo XIX. Para Bárbara y Steve Stein: “En América Latina, el siglo XIX puede ser considerado como un período de aceleración en la tasa de formación de fundos y el control, por parte de sus dueños, de la mano de obra.” [2] Coherentemente, el proceso de valorización del factor “tierra” y de los recursos naturales minerales que se observa desde la segunda mitad del siglo XIX, se resuelve en Sudamérica en un fortalecimiento de la clase terrateniente y de su ethos cultural tradicional y conservador.

Convoquemos aquí atención en un punto: para nombrar la relación o la intención de los sectores conductores coloniales respecto de la España imperial o respecto de las demás economías europeas, Halperin Donghi ha usado la concepción de “pacto”. Creemos que el sustantivo sintetiza una de las dimensiones centrales de la problemática articulación entre los intereses “hispanoamericanos” y los extranjeros en el período inmediatamente preindependentista, aún colonial, y el posterior, de “constitución del orden neocolonial”. Y es que lo que hay detrás de la idea de la búsqueda, primero, de un nuevo pacto colonial (Halperin, 75) entre las colonias y su metrópoli española y luego, de la articulación, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de un pacto “neocolonial”( Halperin, 214), es justamente aquello: un acuerdo, un compromiso -al menos implícito- entre actores, uno de ellos, las élites locales hispanoamericanas, el otro, las economías hegemónicas de turno en el sistema mundial y sus agentes locales –especialmente británicos-. En el mismo proceso de independencia convergían ya estos dos deseos de libera(liza)ción: económica y política, uno no se entiende sin el otro, ni tampoco al revés. Como sugiere Carmagnani, es imposible separar la constitución de los Estados-nacionales en Latinoamérica, de la generación de este nuevo pacto colonial entre América Latina y los centros metropolitanos y de la constitución de la oligarquía como “clase” dirigente de la sociedad. No puede hablarse de proyecto sin sujeto.

Decimos entonces que el pacto neocolonial que otorgará a Latinoamérica, desde la segunda mitad del siglo XIX, el rol específico de expendedora de materias primas posee un carácter interelitario, y termina implicando en América un fortalecimiento interno, sin contrapesos, de las élites locales respecto de la gran masa de la sociedad. Por eso, el lapso que va de 1850 a 1880 ha sido llamado la “fase inicial de la hegemonía oligárquica”, esto es, de una clase dominante agraria, “cuyos orígenes son coloniales, que basa su poder en el control de los factores productivos y que utiliza directamente el poder político para aumentar su dominación sobre las restantes capas sociales.” (Carmagnani, 1984: 20-21)

Unidad proyectual de la élite latinoamericana decimonónica

Esta hegemonía conservadora, mantenida casi sin fisuras durante la primera mitad del siglo XIX, será seriamente puesta en cuestión en los países del Cono Sur a partir de la segunda mitad del siglo, cuando entre en escena “una nueva generación de políticos que se enfrentó a las personas y a la política de los que habían ocupado el poder desde finales de la década de 1820”. Llamados “políticos intelectuales”, para diferenciarlos de otros actores, tales como oficiales militares, caudillos regionales, comerciantes y propietarios; “escritores/estadistas”, por haber cumplido misiones a la vez en el campo de la letras y del Estado (Sommer, 24 y Masiello, 11), o “intelectuales patricios” en vista de su estrecho vínculo respecto del poder político, son aquellos letrados que, viniendo de sectores acomodados, instruidos, con estudios universitarios y la mayoría de ellos adscritos a vertientes del liberalismo, produjeron una crítica a lo que identificaban como la “herencia hispánica y colonial” en sus países y que tenía como elementos más evidentes la mantención de los privilegios de la Iglesia y de redes de poder asentadas más que en la legalidad constitucional, en vínculos corporativos y familiares.

Es este un sector que, monopolizando las funciones culturales, se reproducirá de formas diversas en el período postcolonial latinoamericano, y funcionará con cierta continuidad en Latinoamérica como una especie de ‘casta’ letrada que durante el siglo XIX acendrará su vínculo orgánico al poder político y social de las nuevas naciones. Como bien especifica Halperin Donghi, la continuidad en la existencia de este sector está determinada por su lugar y función en el aparato de poder social de manera doble: por su conciencia de ocupar un lugar privilegiado en el edificio social y por la progresiva precisión y consolidación de su funcionalidad al poder político:

La superioridad de los letrados, supuestamente derivada de su apertura a las novedades ideológicas […] es legado de la etapa más arcaica del pasado hispanoamericano: se nutre del desprecio pre-moderno de la España conquistadora por el trabajo productivo. […] El ideólogo renovador no es sino el heredero del letrado colonial, a través de transformaciones que sólo han servido para hacer aún más peligroso su influjo. […] si de la colonia viene la noción de que los letrados tienen derecho al lugar más eminente en la sociedad, de la revolución viene la de que la actividad adecuada para ellos es la política. (Halperín, 1982: 42-43)

Recuperando los principios del liberalismo clásico y desde un posicionamiento vital y estético-político permeado por las ideas románticas, estos jóvenes se auto-adjudicaron la tarea de convertir en políticas públicas las ideas que habían sido enarboladas en el contexto de las revoluciones modernas (europeas y de independencia latinoamericanas). Hacer realidad la libertad de pensamiento, la ciudadanización, la separación de la Iglesia y el Estado, y sobre todo, poner a estos nuevos países en la senda del desarrollo económico y social (la “ruta del progreso”), serán las máximas de una generación de letrados que se autoproclamó desde el momento de su aparición como la semilla que más temprano que tarde renovaría la dirigencia de sus sociedades, asegurando con ello su trayectoria por el camino del progreso. Y esa “avasalladora pretensión de constituirse en guías del nuevo país”, ese rol conductor, hubieron de autoadjudicárselo sobre todo en virtud de su posesión de un ‘saber’ que consideraban superior y que, asumían, los situaba naturalmente en la condición de conductores de las nuevas sociedades en virtud de la concreción política de la idea de “soberanía de la razón” en lo que vino a ser prácticamente su programa originario: la hegemonía de la clase letrada.

Y efectivamente, será este segmento el que durante el siglo XIX, antes o después, se hará cargo de las tareas simultáneas de la construcción del Estado republicano y de la imaginación de las nuevas naciones independientes. En su mirada, no exenta de mesianismo, estos jóvenes se sentían llamados a relevar a la generación independentista y se autoadjudicaron la labor de producir de su puño y letra los contenidos de esa identidad nacional y las instituciones que le darían concreción al nuevo Estado.

Este vínculo orgánico entre el grupo letrado y el poder político y social (en muchos casos son las mismas personas que cumplen roles en ambos campos) que domina hasta las postrimerías del siglo XIX, no implica, necesariamente, sin embargo, que sus producciones deban ser consideradas como un “reflejo” de algo así como una ideología compacta impulsada unidireccionalmente desde el aparato político. Tal como aclara Angel Rama, los letrados no son simplemente “efectos”, “reproductores” o sirvientes de un poder que los antecede (económico, político, etc.), sino que como tales –y de ello poseen conciencia-, son dueños de un poder específico. Esta perspectiva releva la pertinencia de la relativa separación de “campos” que suponen los conceptos de “ciudad letrada” o de “república de las letras” para cualificar específicamente a aquel sector social especializado en el manejo y construcción de los códigos simbólicos. Rama nos alienta a no ver a los intelectuales como “meros ejecutantes de los mandatos de las instituciones (cuando no de las clases) que los emplean, perdiendo de vista su peculiar función de productores […] y, sobre todo, su especificidad como diseñadores de modelos culturales”. [3]

Por otra parte, este doble poder de la letra y la política que efectivamente poseen, otorga a las producciones discursivas de estos intelectuales un extraordinario valor fáctico (el dicho es aquí inmediatamente hecho). Y el recargado poder que –saben- adquiere su palabra, determina el carácter de sus textos que, marcados a fuego, además, por el ideal romántico de una literatura que suponía práctica, asumen en la mayoría de los casos un carácter épico-fundacional: ellos se sienten creando la nación en cada escrito y discurso. Todo lo cual impacta –podría considerarse que paradójicamente- en la conformación de un campo literario marcado por el debate, por la polémica, donde existe una rica disputa de concepciones que deliberan justamente respecto de lo que debe hacerse en los distintos campos que involucran el desarrollo de la nación.

En el mismo sentido, y lejos de encontrarnos con una literatura fría, pragmática (o simplemente propagandística), formateada de manera mecanicista para objetivos ideológicos dictados desde fuera, sus producciones gozan además de la pasión y la épica del que sabe que está creando un mundo a través del verbo: “Que nuestra palabra cunda por debajo de la tierra y llegará el día que la tierra se levante”, dijo Bilbao, y en ello no había solo utopía.

Algunos, pero no todos, criticaron además la centralización política de los nuevos Estados adscribiendo a planteamientos federalistas. Y algunos, pero no todos –y esto es importante para el desarrollo posterior de este segmento de la élite- criticaron la excesiva concentración del poder en los regímenes republicanos autoritarios. Éste es sobre todo el caso de los liberales chilenos, empero no el de los líderes de la generación argentina, a quienes la dictadura y el contraste con la experiencia de los regímenes conservadores chilenos impulsa rápidamente a virar hacia la defensa del presidencialismo y de la impersonalidad del poder.

Entre los más destacados miembros de esta generación, en Argentina y Chile se encuentran Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, José Mármol, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Esteban Echeverría, Miguel Cané, Juan María Gutiérrez, José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, José, Joaquín Vallejo, Pedro León Gallo, Manuel Antonio y Guillermo Matta, Eusebio Lillo, Luis y Gregorio Amunategui y Salvador Sanfuentes y junto a ellos, en Chile también, el venezolano Andrés Bello y el español José Joaquín de Mora.

Al tiempo que se incorporaron a funciones políticas públicas, estas personalidades fueron tomando en sus manos las labores vinculadas a la “imaginación” legislativa, y terminaron concentrando la redacción de las nuevas Constituciones y de los diversos códigos que rigieron a los estados en formación.

Sobre todo en su etapa formativa (la situamos alrededor de finales de la década de 1830 y hasta el inicio de la de 1850[4] ), esta generación recepcionó de manera entusiasta las ideas que los liberales románticos europeos habían venido elaborando acerca de la nueva sociedad. Así, por ejemplo, la influencia de Lammenais:

Su crítica a la Iglesia como organismo político enfocado en el dinero, el poder y las dignidades, así como su invocación al cristianismo primitivo, popular y extra-eclesiástico [;] su insistencia en la separación entre Iglesia y Estado […] su espíritu fuertemente democrático –con su apoyo a la ampliación del sufragio- también impulsó el entusiasmo democrático de la nueva generación, así como su llamada a la descentralización administrativa […]. (Safford, 80)

La incorporación definitiva de los jóvenes políticos e intelectuales liberales a la construcción de los Estados-nacionales en su calidad simultánea de representantes políticos y miembros del Estado (como diputados, senadores, cónsules, intendentes, ministros o presidentes de la República) y de intelectuales (profesores universitarios, historiadores, literatos, polemistas y muchas veces con todos estos roles a la vez[5] ) se produce a partir de la década del ’50; en Argentina, particularmente desde la caída de Rosas, en 1852 y en Chile, desde la inauguración de la llamada “República liberal”, con la presidencia de José Joaquín Pérez, el año 1861.

En el Chile enfrentado durante treinta años a gobiernos autoritarios y al predominio de la Constitución conservadora del año 1833, los liberales defendieron con bastante convicción sus ideas originarias de democracia política y ampliación del sufragio popular. Desde el parlamento, el Lastarria de 1868 exige el cumplimiento íntegro del programa revolucionario independentista que consideraba a la vez la reforma social y la política, habla de “la patraña de que el pueblo no está preparado para la libertad política (Lastarria, 447.), y reconviene al gobierno del liberal José Joaquín Pérez:

Si tuviéramos un Presidente que debiera su elección no a una merced de sus antecesores, no a los amaños de un partido, sino a los votos del pueblo libre, conquistados por las virtudes cívicas y la probidad, ese presidente sería siempre el fiel representante de la opinión y de los intereses de su pueblo; y no se vería precisado, para sostenerse, a convertirse en jefe de un círculo de adeptos que solo aspiran a imponer su personalidad o sus intereses mezquinos por la fuerza o por el engaño. (Lastarria, 453-454)

Mas, en ese mismo Chile, los liberales argentinos exiliados de la dictadura rosista afirmaron una visión conservadora respecto de la democracia política, observando con admiración la “paz social” que conseguía este país gracias a gobiernos autoritarios. Así, mientras los liberales chilenos constituyeron una oposición perseguida y reprimida por los gobiernos conservadores -especialmente después del asesinato de Portales y durante el decenio de Montt-, Sarmiento y Alberdi sostenían “su creencia de que la soberanía popular en manos de la gente ignorante inevitablemente conducía a la dictadura […].”[6]

Hay que señalar sí que estas ideas no eran nuevas en el liberalismo, por el contrario, uno de los pensadores liberales que tuvo fuerte influjo en Latinoamérica, ya en los años veinte y treinta del siglo XIX, fue Benjamín Constant, cuyas doctrinas eran aceptadas con diversos énfasis por diversos miembros de las élites postindependentistas, tanto por los militares vinculados a las ideas monárquico-constitucionalistas del Bolívar de los años veinte, como por los liberales ilustrados:

De estas teorías, los liberales concedían mayor relieve que Bolívar a las libertades individuales […] (juicios con jurado, libertad de prensa, inviolabilidad de la propiedad, restricciones sobre los militares). En cambio, Bolívar concedió más peso a los elementos estabilizadores señalados por Constant, sobre todo respecto de la división de poderes. Constant consideraba la monarquía constitucional como el punto de equilibrio que moderaba los conflictos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. (Safford, 58)

Aunque hay quienes sostienen que en América Latina el mayor influjo fue de aquel “liberalismo constitucionalista” a lo Constant, En el caso de Chile, la vertiente liberal romántica había tenido –y tenía aún a mediados de siglo- un peso muy relevante, propiciando iniciativas políticas y desarrollos intelectuales como los de Francisco Bilbao y Santiago Arcos que constituyeron una organización de artesanos y jóvenes liberales como la “Sociedad de la Igualdad” (que a seis meses de inaugurada contaba con alrededor de 3.000 miembros) y su periódico El amigo del pueblo, tribuna de la crítica al autoritarismo gubernamental. O como la intervención política de Pedro León Gallo, organizador e ideólogo de la revolución constituyente de Copiapó en 1859, movimiento político que propulsó una serie de reformas constitucionales mediante asamblea popular, y que en los hechos, puso fin a los treinta años de mandato conservador impidiendo la prolongación de la República autoritaria en la figura de Antonio Varas. Recogemos aquí la propuesta de Alfredo Jocelyn Holt cuando destaca la importancia histórica de este tipo de desarrollos (en su tiempo llamados “radicales”) dentro del liberalismo chileno:

Suele olvidarse, pero el liberalismo decimonónico debe tanto a estas posturas más radicales –no obstante sus retrocesos iniciales- como a la postura oficial autoritaria centrada en el estado. […] Llamo la atención hacia esta línea paralela de pensamiento dentro de la tradición liberal porque percibo allí la primera, tímida y embrionaria evidencia de una conciencia política que apunta a la existencia de lo que hoy denominamos sociedad civil, “el espacio no estatal de la sociedad (regulado por el mercado, bajo controles privados u organizado voluntariamente). (Jocelyn Holt 38)

Mas, si entre muchos liberales primó en un primer momento la mirada romántica, desde temprano los principios ideológicos ilustrados (libertad política, derechos humanos universales, democracia, división de poderes, etc.) se combinaron con los desarrollos también europeos que, desde el evolucionismo darwiniano primero y spenceriano después, propiciaron una interpretación progresionista del devenir histórico de las sociedades (Ruse, 24). Interpretación ésta que junto con instalar como nudo teleológico necesario a la idea de progreso, fomentó la construcción de categorizaciones basadas en una escala que tenía como modelo de mayor desarrollo a las sociedades punta del capitalismo industrial, y que fueron aplicadas a los distintos pueblos y nacionalidades (el Facundo de Sarmiento, publicado en 1845, es buena evidencia de ello).

Como señala Beatriz González Stephan, una de las consecuencias de esta perspectiva evolucionista aplicada a los grupos humanos es que termina considerando a las formas ideológica y económicamente hegemónicas como las más “desarrolladas”, o lo que es lo mismo, que termina ungiendo a la realidad dada como la mejor posible.

Y es que debemos recordar que el triunfo del capitalismo fue tal porque logró convertirse en el triunfo no solo de una forma de organización de la producción, sino de una forma de sociedad que había sustituido a la tradicional y que, se señaló, representaba la manifestación histórica natural del desenvolvimiento de la libertad humana en todos los planos y difundida por sus ideólogos como la más alta expresión de la evolución social. Las ideas a través de las cuales se propagó su fama incitaron a suponer que el libre juego de los factores económicos en el mercado devendría naturalmente en el equilibrio de dichos factores y, por tanto, en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías (lo que Michel Foucault ha nombrado como el paso del mercado de lugar de jurisdicción a lugar de “veridicción” para la práctica gubernamental [7] ). De esta manera, la empresa privada y sus agentes -empresarios enérgicos, racionales y sagaces- fueron representados como los sujetos también naturales de este nuevo mundo por venir. Y lo relevante para nuestro caso es que estas premisas fueron compartidas transversalmente en América Latina tanto por liberales como por conservadores.

La evidencia muestra que desde 1845, en la mayor parte de los países, los sectores dirigentes compartieron de forma casi unánime las premisas del liberalismo económico (Safford, 74), esto es, la idea del librecambio, que se constituye, así, en “la fe común de dirigentes políticos y sectores altos locales” (Halperín, 215), quienes, además, van progresivamente acercando sus visiones en otros campos de la actividad social y económica. Entre otros elementos programáticos, existirá consenso en: la política fiscal, la “privatización” de la propiedad comunal indígena y respecto de la abolición de la esclavitud. Y sobre cuestiones como la educación y el rol del Estado en la economía, habrá acuerdos y disensos cruzados entre sectores liberales y conservadores.

Por ello no debe extrañar que, en los hechos el programa ideológico del liberalismo se haya mostrado conveniente a los intereses de los grupos de poder que habían visto crecer su riqueza y prerrogativas políticas con la instalación del orden neocolonial. Como señala Halperín, “el credo liberal es demasiado satisfactorio a los intereses dominantes para que los recelos que inspiran sus primeros abanderados sean un obstáculo decisivo” (Halperín, 234)

A mediados de siglo, la denegación de las ideas políticas que alimentaron al primer liberalismo de corte romántico, se vincula a un predominio sin contrapesos de la dimensión económica del programa liberal. Incorporada decididamente al Estado el año 1853, la generación argentina del Salón Literario del ’37 termina por instituir a la modernización económica y técnica como el centro de lo que entendía como un proyecto moderno de nación. Había que “poner a producir la tierra”, volver los ríos y canales navegables, unir el territorio nacional a través de ferrocarriles, hacer llegar el “progreso” hasta el último rincón del territorio. Y no importaba el precio, porque lo que ellos hacían era simplemente ordenar las cosas en la dirección en la que naturalmente debían encaminarse: el liberalismo romántico de antaño había mutado a librecambismo y lo que comenzaba a resonar políticamente con cada vez mayor fuerza es el llamado que se suma al de la liberalización económica: la defensa del orden. [8]

Así, en Argentina los liberales se unieron a los latifundistas ganaderos de Buenos Aires, terminando, en los hechos, vinculados transversalmente a la oligarquía en la defensa de sus intereses. En palabras de Katra, hubieron de convertirse en el “partido del privilegio”:

Como resultado, a los treinta años en el poder, el Partido Liberal había llegado a ser el partido del privilegio. Era el brazo político de la oligarquía. Su programa era: la protección del Estado para la propiedad privada y garantías para un libre comercio sin traba alguna, la consolidación de un Estado central con su capital en Buenos Aires y el firme control político del país por parte de una clase social que reunía a elementos patricios y aristocráticos. (Katra, 336)

Y en el caso de Chile, en que la experiencia argentina tuvo durante todo el siglo una importancia fundamental en términos referenciales (es relevante el influjo directo que tuvieron los jóvenes liberales argentinos en la política, la educación y los debates públicos durante la década del ’40 en Chile), ya hacia el final del primer gobierno de la llamada “República liberal” después de la treintena conservadora (1831-1861), fue el entonces ya diputado José Victorino Lastarria, quien imputó a sus contemporáneos la falta de consecuencia con el programa revolucionario que había inspirado la Independencia, impeliéndoles a dejar atrás una política que no expresaba más que los mezquinos intereses de los sectores dominantes. Donde para él, claramente, un gobierno que no expresaba los intereses de la comunidad nacional en la cual residía la soberanía de la nación, no podía nombrarse “nacional”. Impugnaba al orden político existente, asimismo, diferenciando entre aquella política añeja, poco transparente y lejana al pueblo, y esa que propugnaban algunos “consecuentes” que, sin embargo, aún no lograban unirse en un partido propio, a los cuales llamaba “liberales de buena fe” (Sic. Lastarria, 444), y entre quienes se identificaba. Así, ya el año ’68 el no poco moderado Lastarria vislumbraba el desgaste de un sistema social y político que hablaba por las mayorías nacionales, pero sin ellas (Ver Lastarria, 443-445).

Desde alrededor de 1845, pero con toda claridad a partir de 1870, se puede hablar de la existencia de una unidad proyectual de la élite latinoamericana que ha consolidado su hegemonía a través de la afirmación del orden neocolonial, consolidación que es posibilitada a su vez por un “parcial abandono de los aspectos propiamente políticos del programa renovador de mediados de siglo [… y por una reorientación de] la ideología dominante del liberalismo al progresismo […].”[9]

Es éste el gesto de retracción de aquellos liberales que de la ideas de antaño como la defensa de la soberanía popular; el reconocimiento y protección de los derechos de las personas por la sola razón de ser personas; la promoción de la “virtud republicana” como orientadora de las relaciones sociales -esto es, de la necesidad de dar prioridad al bien público en la acción social-; el resguardo del equilibrio de poderes al interior del Estado y la profundización de la participación, de esas ideas, en fin, que otorgaron la fuerza al primer liberalismo, solo conservan intacta la idea de libre cambio y de custodia de ciertas libertades individuales. Un liberalismo que en los hechos, política e ideológicamente se ha vuelto conservador [10] y que ha dado paso a la hegemonía de una “oligarquía progresista” (González Stephan, 177). Como señala Beatriz González Stephan:

La consolidación de los estados nacionales hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX se consumó, en términos generales, por las vías de un progresismo conservador, lo que significó, en el terreno de las contiendas ideológicas, una moderación del liberalismo político. La polarización ideológica entre los grupos sociales que formaron el bloque de poder se distendió, produciéndose una hibridación en los principios de sus posiciones políticas hasta entonces más radicalizadas. El liberalismo se conservatiza; el conservadurismo se liberaliza, parece ser la nueva fórmula. (González Stephan, 177)

Y es que -en palabras de José Luis Romero- “nada parecía más difícil, cuando se analiza el pensamiento político latinoamericano del siglo XIX, que distinguir un conservador liberal de un liberal conservador” (Romero, en González Stephan, 49).

La gran novedad del período, es entonces, en cuanto a la dirección de la sociedad se refiere, la férrea organicidad y sentido de proyecto de la clase dominante:

El comerciante, el propietario de una plantación y el político liberal de mediados del siglo poseen algo nuevo […] Existe en cada uno de ellos una neta conciencia de pertenecer a una clase llamada no solo a dirigir la política, administrar la economía y dominar la sociedad, sino también a proponer […] un proyecto referente al futuro del propio país: la gran novedad de este período reside justamente en esta capacidad por parte de al clase dominante de obrar directamente como tal. (Carmagnani, 20)

El “largo” siglo XIX. De la revolución a la conservación o del “Orden y Progreso” al “Orden es Progreso”

¿Dónde ha comenzado el problema? Éste se inaugura cuando el discurso liberal se encuentra con su contradicción fundamental: una sociedad dividida, en la que predomina el trabajo asalariado (que a su vez solo se entiende en una sociedad de ‘iguales’, de seres ‘libres’ para escoger) y donde algunos poseen en concreto más libertad que otros. Es en ese momento cuando al discurso del progreso se añadirá necesariamente el discurso del orden (es allí cuando la revolución burguesa deja de ser tal, revolución). Habrá que hacer el esfuerzo por poner a todos en la senda del progreso pero, ¡seamos sensatos!, ello no es un objetivo realmente cumplible. El desfase entre las expectativas –la politización de la sociedad- y las posibilidades reales de darles cauce nos debe hacer comprender que hoy menos que nunca puede decaer nuestra disposición para la guerra -que nos mantiene en paz (la pax armada de Hobbes)-, menos ahora que ellos pueden llegar a ser nosotros. Este es el momento en que la explicación desde la perspectiva de la clase dirigente se vuelve tautológica: si al inicio del camino el orden aparecía como el instrumento para un fin que todavía se parecía a la utopía, al final del camino… estamos en el mismo punto, resulta que hemos andado en círculos. Del orden al orden. Pues aquellos medios que nos conducirían inevitablemente (es la ley, los mejores ganan siempre) a los bellos fines, han terminado usurpando a estos su lugar: los medios se han convertido en los fines. ¿Y el futuro, dónde quedó el futuro?, el futuro es el ahora, el presente congelado, el futuro no es más que un epifenómeno de este estado de cosas, su necesaria extensión. Al viejo grito de ¡Revolución! se impone así el parco precepto: resignación.

Como dice José Luis Villacañas, el largo siglo XIX es una herida, una herida que aún no cierra porque es la que abrió las otras muchas que produciría el XX. Es sobre todo una herida en la conciencia de una humanidad que creyó que la libertad traería igualdad y antes que eso, que la libertad sería igualitaria.

En América Latina, el paso de la liberación a la conservación, de la causalidad que ponía al progreso de las nuevas naciones como la consumación de una trayectoria que si debía pasar por el orden era solo para ganar luego en participación, en igualdad, el paso de esa causalidad a su inversa, aquella que terminó glorificando al orden -es decir, aquí, al principio autoritario- a cambio de la felicidad para todos prometida[11] , en esa vuelta invertida, hay, paradójicamente, un viaje de clarificación que va, además, a bifurcar caminos: a un lado quedarán los que hacen de la desilusión sobre las esperanzas contrahechas alojadas en otros la ilusión de otras nuevas cifradas ahora en sí mismos; y al otro, los que, menos seguros de su poder, aunque más dueños de todo, se llenan del miedo que les producen esos que nunca realmente conocieron, y a los cuales se venía cómodamente alojando a la puerta de entrada de la nación. Y es que como bien dice Oslak, “los sucesivos sinónimos del “orden y progreso” no serían más que eufemísticas versiones del tipo de condiciones que aparecen como necesarias para la vigencia de un orden social que ve amenazada su continuidad por las mismas tensiones y antagonismos que genera” (Oslak 35).

Polemistas, historiadores, cronistas, políticos, legisladores, presidentes… al observar la diversidad de funciones muchas veces simultáneas desarrolladas por estos escritores-estadistas a uno le da vueltas en la cabeza una idea: el extraordinario poder de una enunciación susceptible de hacerse a la vez dicho y hecho, ley y praxis social. Y es que es ésta una enunciación todopoderosa, radicalmente capaz de hacer cosas con palabras, de hacer coincidir el hecho con el dicho; y una enunciación que es, además, consciente de ésta, su particular capacidad para producir realidades. Porque si hay algo de lo que estos autores están conscientes (baste ver al Alberdi de las “Bases” del 52) es del valor fáctico de sus producciones discursivas. El exceso, la sobreabundancia de poder es condición de existencia y de expresión de esta enunciación.

Nos interesa particularmente lo anterior porque en la profundidad de nuestros intereses, la pregunta que ha venido impulsando la intervención sobre los textos de estos escritores es qué importancia y función en la construcción de los imaginarios nacionales y, a la vez, de los Estados en América Latina, ha tenido esta condición de origen de nuestra primera intelligenzia como un sector todopoderoso, vinculado orgánicamente al poder político y directa o indirectamente al poder económico.

Cómo ha sido, qué perfiles ha tenido el decir sobre la nación condicionado por esta enunciación profusamente poderosa, que sabe que –en palabras de Subercaseaux- “escribe la historia a la vez que la hace” y que tiene claro, incluso, que en ella coinciden el discurso y la praxis no solo de la vida, sino también de la muerte. Esa es mi pregunta. ¿Qué importancia tuvo esta condición fundacional en la constitución de sociedades segmentadas y excluyentes como las nuestras?

Tal vez incluso, como por añadidura, en este hecho histórico podríamos encontrar las claves del más o menos armónico vínculo entre el liberalismo –sobre todo económico- y el conservadurismo político en muchos de los llamados “liberales latinoamericanos”.

Y podríamos también comprender por qué un siglo destinado a la libertad, a la igualdad y la fraternidad terminó en la sujeción y la explotación de grandes masas de población; en la estigmatización, el desprecio y el exterminio de otras tantas y en la resucitación del más autoritario y discriminador discurso del derecho de conquista por algunos de aquéllos que, como Vicuña Mackenna, levantaron las banderas de la modernidad en nuestra América.

Notas

[1] Los girondinos chilenos, 1876.back to text

[2] Stein y Stein, 1993: 135-136. En México, por ejemplo, donde el Estado expropió grandes territorios a la Iglesia y a las comunidades indígenas, se produce un avance del monopolio sobre la propiedad de la tierra. Ídem, pp. 139 y 140.back to text

[3] Rama, 1984: 62. En el mismo sentido Rama ha alertado, por su parte, contra la visión simplista que tiende a considerar la producción de los letrados latinoamericanos, primero como una parodia a un discurso europeo homogéneo e ideológicamente compacto.back to text

[4] Podemos marcar como hitos de inicio el año 1838 en Argentina y 1842 en Chile, cuando se constituyen la “Asociación de la Joven Generación Argentina” y la “Sociedad Literaria” en estos países, respectivamente. Como cierre de este período “formativo” podemos signar el momento el año de 1850, cuando surge y cae la “Sociedad de la Igualdad”, club político que incluía a jóvenes liberales de la oligarquía junto a artesanos y que poseía un evidente influjo del radicalismo liberal europeo o 1852, cuando cae la dictadura de Rosas en Argentina. Otros hito que marcará a la generación el año 49 a 50 es la consumación de la derrota del movimiento popular europeo iniciado en 1848.back to text

[5] Es el caso de Sarmiento, Alberdi, Mitre, Lastarria, Vicuña Mackenna, entre otros.back to text

[6] Defendieron así, el gobierno de Portales, por considerarlo “un gobierno de una minoría ilustrada, lo cual era mucho mejor que la tiranía creada en Argentina por una mayoría bárbara”. Safford, 1991: 81.back to text

[7] Foucault, 2008: 50-52. Juicios que Foucault formula en su intención de abordar la “genealogía de regímenes veridiccionales” como el mercado, “vale decir, del análisis de la constitución de cierto derecho de la verdad a partir de una situación de derecho [… donde …] el régimen de veridicción, en efecto, no es una ley determinada de la verdad, [sino] el conjunto de las reglas que permiten, con respecto a un discurso dado, establecer cuáles son los enunciados que podrían caracterizarse en él como verdaderos o falsos”. Ídem: 53.back to text

[8] El caso de Juan Bautista Alberdi es decidor. Alberdi, quien se constituye en ideólogo de la constitución federal de la Confederación Argentina, de 1853, la cual “organiza un poder autoritario destinado a asegurar el ORDEN en que las fuerzas del capital y el trabajo europeo podrán poblar y civilizar el desierto argentino”. Halperín, 1980: 243.back to text

[9] Halperín, 1980: 235. Respecto de este cambio ideológico, Hale señala: “Los años posteriores a 1870 fueron años de consenso político”. Hale, 1991: 2.back to text

[10] “Las clásicas doctrinas liberales basadas en el individuo autónomo dieron paso a teorías que interpretaban al individuo como una parte integrante del organismo social”. Hale, 1991: 2.back to text

[11] Es decir, el paso de la idea que el progreso –la democracia, la igualdad- nos traería el orden, al orden concebido como la forma de expresión del progreso.back to text

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