Alonso Burgos Cisneros, Instituto de Estudios Políticos Andinos:
En los 90 el Perú asumió la política ambiental internacional y estableció una normativa nacional para proteger el medio ambiente, creándose el Ministerio del Ambiente en el 2008 para garantizar su adecuada implementación. Pese a ello, existen muchas dificultades en la implementación de la normativa ambiental peruana, ya que los diversos grupos de interés presionan a los decisores de políticas públicas para actuar a su favor. Este artículo analiza el caso de la fundición de La Oroya, en los andes centrales peruanos, y cómo sus principales actores, partiendo de distintos marcos de acción colectiva, se ven enfrentados en un conflicto socioambiental que divide a quienes defienden el medio ambiente y la salud de la población local (ONG e Iglesia Católica) contra quienes defienden su derecho al trabajo y el beneficio económico de la actividad metalúrgica (empresa Doe Run, sindicatos de trabajadores metalúrgicos y organizaciones sociales locales). La investigación demuestra que la empresa Doe Run logra valerse de la debilidad institucional estatal en la implementación de la normativa consiguiendo que se postergue el cumplimiento de sus compromisos ambientales en varias ocasiones, debido a su capacidad de movilizar el potencial de acción colectiva de los sindicatos y la población local.